La coordinadora del Comité Electoral del PSPV de Castellón, la diputada Isabel Escudero, ha denunciado con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que cuarenta mil personas de la provincia de Castellón con algún grado de dependencia esperan a que la Generalitat ponga en marcha los procesos de evaluación para que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pueda concederles las atenciones a las que tienen derecho desde la entraga en vigor de la Ley de Dependencia.
Escudero ha declarado que “la escasa diligencia de la Generalitat a la hora de evaluar los distintos grados de discapacidad raya el boicot descarado a la Ley de Dependencia”, y ha pedido al Gobierno valenciano que disponga de forma urgente los medios para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de las ayudas a las que tienen derecho.
Los beneficiarios de la ley no son los únicos perjudicados por la actitud de la Generalitat, según la diputada socialista, puesto que en el apartado laboral el Gobierno del PP de la Generalitat está impidiendo la creación de los miles de puestos de trabajo que requiere la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Dependencia.
Isabel Escudero calcula que 40.000 personas sufren discapacidad en alguno de sus grados en la provincia de Castellón, y alrededor de tres mil están englobados en el grado III, denominado de Gran Dependencia, es decir, personas que necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, la Generalitat no ha evaluado ni al diez por ciento de las personas consideradas grandes dependientes en la provincia de Castellón, por lo que insta al Consell a contratar de forma urgente al personal necesario para que los beneficiarios de la Ley de Dependencia puedan acceder lo antes posible a las prestaciones a las que tienen derecho. Escudero considera la actitud del Consell “una falta de respeto” hacia los discapacitados. La diputada socialista considera una “burla” que el vicepresidente del Consell responsable de Bienestar Social, Juan Cotino, menosprecie a la Ley de Dependencia y la califique poco menos que de innecesaria, al alardear de que la Generalitat ya ofrecía las atenciones recogidas en dicha ley, cuando en realidad lo que está haciendo es privar a los discapacitados de ayudas y prestaciones a las que tienen derecho y que ya podrían estar percibiendo.
Escudero ha declarado que “la escasa diligencia de la Generalitat a la hora de evaluar los distintos grados de discapacidad raya el boicot descarado a la Ley de Dependencia”, y ha pedido al Gobierno valenciano que disponga de forma urgente los medios para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de las ayudas a las que tienen derecho.
Los beneficiarios de la ley no son los únicos perjudicados por la actitud de la Generalitat, según la diputada socialista, puesto que en el apartado laboral el Gobierno del PP de la Generalitat está impidiendo la creación de los miles de puestos de trabajo que requiere la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Dependencia.
Isabel Escudero calcula que 40.000 personas sufren discapacidad en alguno de sus grados en la provincia de Castellón, y alrededor de tres mil están englobados en el grado III, denominado de Gran Dependencia, es decir, personas que necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Sin embargo, la Generalitat no ha evaluado ni al diez por ciento de las personas consideradas grandes dependientes en la provincia de Castellón, por lo que insta al Consell a contratar de forma urgente al personal necesario para que los beneficiarios de la Ley de Dependencia puedan acceder lo antes posible a las prestaciones a las que tienen derecho. Escudero considera la actitud del Consell “una falta de respeto” hacia los discapacitados. La diputada socialista considera una “burla” que el vicepresidente del Consell responsable de Bienestar Social, Juan Cotino, menosprecie a la Ley de Dependencia y la califique poco menos que de innecesaria, al alardear de que la Generalitat ya ofrecía las atenciones recogidas en dicha ley, cuando en realidad lo que está haciendo es privar a los discapacitados de ayudas y prestaciones a las que tienen derecho y que ya podrían estar percibiendo.
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