El diputado castellonense del PP Miguel Barrachina intenta deslegitimar a Jordi Sevilla como candidato socialista y afirma que las bases lo han rechazado. Falso. Jordi Sevilla ha obtenido el respaldo mayoritario de las agrupaciones locales de Castellón, y Barrachina se aferra a la asamblea de la agrupación local de Castellón, en la que una compañera, Josefina Gimeno, obtuvo once votos más que el ex ministro, para tratar de meter cizaña.
Me gustaría que el diputado del PP explique de qué forma participan las bases de su partido en la elección de sus candidatos. Él mismo ha sido cuestionado por su estigma zaplanista, Fernando Castelló ya da por hecho que no tiene ninguna posibilidad de repetir por el mismo motivo; Juan José Ortiz lleva un cuarto de siglo como representante de Castellón en las Cortes Generales con el balance conocido; Gabriel Elorriaga ha sido el eterno cunero y ni siqueira se ha dignado en aparecer por Castellón; a Carlos Murria, ilustre primer secretario de la Junta de Festejos de Castellón en 1945, no se le conoce actividad parlamentaria salvo las reuniones en el Ministerio de Agricultura con Carlos Fabra ; Juan Costa ha dejado tirada a la provincia de Castellón en dos ocasiones consecutivas, la última para irse a Nueva York con Rodrigo Rato.
La verdad es que el propio Juan Costa es el único candidato repudiado después de haberse conocido que no dijo al juez todo lo que conocía sobre las reuniones que Carlos Fabra celebraba en el Ministerio de Agricultura para acelerar la autorización de licencias para comercializar productos fitosanitarios. Después de ello, la opción de Juan Costa como candidato del PP por Castellón parece desvanecerse.
Y sin embargo viene Miguel Barrachina a cuestionar a los candidatos socialistas por el mero hecho de dar voz a los militantes en el proceso de elección.
Pero Barrachina lanzó esas críticas en otro contexto: el de las inversiones del Gobierno en Castellón y su comparativa con los gobiernos de Anar. A este respecto, sólo tengo que recordarle que la única verdad objetiva es que los gobiernos de Aznar han sido los únicos que no han traído agua, ni AVE, ni policías, ni cuarteles, ni comisarías a Castellón, y que esta provincia es la única a la que el Consell de Camps mantiene sin transporte metropolitano, sin parques temáticos, sin ciudades de la música ni de las lenguas, sin conservatorio, sin Espai Comercial, y sin zona logística para el puerto. En un intento de minimizar la previsible debacle de Mariano Rajoy, Barrachina trata, mediante mentiras, de desacreditar la gestión de Rodríguez Zapatero siguiendo consignas enlatadas que en el caso de Castellón quedan en evidencia.
El propio Miguel Barrachina prometió en 2002, en la antesala de las elecciones autonómicas, que la autovía Mudéjar estaría terminada en 2003, una mentira sólo comparable con la de la promesa del AVE para 2007 que realizó Francisco Camps en esa misma campaña autonómica. Ni la autovía Mudéjar podía estar terminada en 2003, como se ha comprobado tras su reciente puesta en servicio, ni el AVE podía llegar a la Comunidad Valenciana en 2007, entre otras cosas porque el Gobierno de Aznar dio prioridad a las líneas de Valladolid, y Málaga, inauguradas esta semana, y Barcelona, a punto de entrar en servicio.
He echado mano de hemeroteca para demostrar que el 6 de diciembre de 2002, Miguel Barrachina, entonces director general de Fomento de la Economía Social del Gobierno de José María Aznar, acompañado del diputado en el Congreso de su partido Juan José Ortiz, y del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, anunció que con las inversiones asignadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2003 “se acometerá definitivamente el desarrollo de los tres tramos de la autovía Mudéjar que restan por ejecutar entre Segorbe y el límite con la provincia de Teruel” (sic). Sin embargo, han tenido que pasar casi cuatro años para que la autovía entre en servicio en su totalidad porque el PP fue incapaz en ocho años de acometer esos tres tramos pendientes. A ello hay que sumar los sucesivos anuncios que realizó el PP a lo largo de sus dos legislaturas sobre los inminentes inicios de las obras del desdoblamiento de la N-340 entre Castellón y Oropesa y en el Maestrat, la reducción de las plantillas policiales, el incremento dramático de la delincuencia entre 2000 y 2002, y la no ejecución de obras como las compuertas del embalse del Algar, la consolidación del embalse de Arenós, o el proyecto de aprovechamiento de los excedentes del río Belcaire.
Y ello fue así, entre otras cosas, porque el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 2003 en la provincia de Castellón fue tan solo del 28%, lo que demuestra que cuando Barrachina habla de inversiones en realidad está hablando de inversiones presupuestadas y no ejecutadas.
Las mismas tácticas usó el PP con el AVE a Castellón, que el Gobierno de Aznar dejó fuera de la propuesta inicial de AVE Madrid-Comunitat Valenciana, y que se incluyó por iniciativa de los diputados socialistas en 2002. Al final de su mandato, el PP ni siquiera había aprobado el estudio informativo.
A todo ello hay que añadir la paralización de todas las inversiones en inmuebles en Castellón durante las dos legislaturas del PP. El PP nunca adjudicó la nueva sede del INSS, que ha tenido que adjudicar el actual Gobierno, al igual que la remodelación del Banco de España; las obras de la nueva sede de Hacienda estuvieron durante años paralizadas, lo mismo que ocurrió con el cuartel de l’Alcora; la comisaría de Castellón ni siquiera se la planteó el PP, y la recién estrenada Oficina de Extranjeros ha sido posible gracias a la iniciativa del actual Gobierno.
Por último, en el plano autonómico, recuerdo que Miguel Barrachina prometió en las elecciones autonómicas de 2003 colegios en Azuébar, Castellnovo, y Teresa, el IES del Alto Palancia, la restauración del convento de San Francisco de Viver, la cartuja de Altura y la ermita de Santa Águeda de Jérica, mejoras en la red autonómica de carreteras, y una ambulancia 24 horas en Segorbe, todo ello sin hacer.
El propio Miguel Barrachina prometió en 2002, en la antesala de las elecciones autonómicas, que la autovía Mudéjar estaría terminada en 2003, una mentira sólo comparable con la de la promesa del AVE para 2007 que realizó Francisco Camps en esa misma campaña autonómica. Ni la autovía Mudéjar podía estar terminada en 2003, como se ha comprobado tras su reciente puesta en servicio, ni el AVE podía llegar a la Comunidad Valenciana en 2007, entre otras cosas porque el Gobierno de Aznar dio prioridad a las líneas de Valladolid, y Málaga, inauguradas esta semana, y Barcelona, a punto de entrar en servicio.
He echado mano de hemeroteca para demostrar que el 6 de diciembre de 2002, Miguel Barrachina, entonces director general de Fomento de la Economía Social del Gobierno de José María Aznar, acompañado del diputado en el Congreso de su partido Juan José Ortiz, y del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, anunció que con las inversiones asignadas por el Gobierno en los Presupuestos Generales de 2003 “se acometerá definitivamente el desarrollo de los tres tramos de la autovía Mudéjar que restan por ejecutar entre Segorbe y el límite con la provincia de Teruel” (sic). Sin embargo, han tenido que pasar casi cuatro años para que la autovía entre en servicio en su totalidad porque el PP fue incapaz en ocho años de acometer esos tres tramos pendientes. A ello hay que sumar los sucesivos anuncios que realizó el PP a lo largo de sus dos legislaturas sobre los inminentes inicios de las obras del desdoblamiento de la N-340 entre Castellón y Oropesa y en el Maestrat, la reducción de las plantillas policiales, el incremento dramático de la delincuencia entre 2000 y 2002, y la no ejecución de obras como las compuertas del embalse del Algar, la consolidación del embalse de Arenós, o el proyecto de aprovechamiento de los excedentes del río Belcaire.
Y ello fue así, entre otras cosas, porque el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de 2003 en la provincia de Castellón fue tan solo del 28%, lo que demuestra que cuando Barrachina habla de inversiones en realidad está hablando de inversiones presupuestadas y no ejecutadas.
Las mismas tácticas usó el PP con el AVE a Castellón, que el Gobierno de Aznar dejó fuera de la propuesta inicial de AVE Madrid-Comunitat Valenciana, y que se incluyó por iniciativa de los diputados socialistas en 2002. Al final de su mandato, el PP ni siquiera había aprobado el estudio informativo.
A todo ello hay que añadir la paralización de todas las inversiones en inmuebles en Castellón durante las dos legislaturas del PP. El PP nunca adjudicó la nueva sede del INSS, que ha tenido que adjudicar el actual Gobierno, al igual que la remodelación del Banco de España; las obras de la nueva sede de Hacienda estuvieron durante años paralizadas, lo mismo que ocurrió con el cuartel de l’Alcora; la comisaría de Castellón ni siquiera se la planteó el PP, y la recién estrenada Oficina de Extranjeros ha sido posible gracias a la iniciativa del actual Gobierno.
Por último, en el plano autonómico, recuerdo que Miguel Barrachina prometió en las elecciones autonómicas de 2003 colegios en Azuébar, Castellnovo, y Teresa, el IES del Alto Palancia, la restauración del convento de San Francisco de Viver, la cartuja de Altura y la ermita de Santa Águeda de Jérica, mejoras en la red autonómica de carreteras, y una ambulancia 24 horas en Segorbe, todo ello sin hacer.
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