El PPCV va a tratar de explorar nuevas rentabilidades demoscópicas en los yacimientos de la demagogia, como ha demostrado en este inicio de curso político, en el que las acusaciones de discriminación del Gobierno de España hacia la Comunitat Valenciana vuelven a abundar como línea argumental única, con la excepción de la seguridad ciudadana, que parece haber perdido interés para el PP. El prestidigitador se ha puesto de nuevo manos a la obra y, sin ningún rubor, acusa al Gobierno de Zapatero de despreciar a los valencianos. Así, tal cual. Se ha llegado a decir que en esta legislatura no se ha licitado una sola obra del AVE a la Comunitat Valenciana, una infraestructura que en hilarantes palabras del propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, era “una prueba superada” antes de la llegada de Zapatero a la Moncloa, cuando apenas se había licitado el 1’5% del trazado.
Puestos a sacar cuentas, sólo con las inversiones estatales que está paralizando de forma deliberada e interesada la Generalitat en la Comunitat Valenciana, se llegaría a cubrir el desfase al que apela ahora el PP mediante una proposición al más puro estilo “neocon”, tramitada de urgencia en les Corts. El PP obstaculiza los proyectos de mayor envergadura del programa AGUA, retarda autovías, dificulta la aplicación de la Ley de Dependencia, y lastra el Plan de Vivienda, sólo por citar los ejemplos más llamativos. Y lo peor es que utiliza para ello las instituciones en las que gobierna.
La Generalitat retiene inversiones estatales para la prolongación de la autovía A-7 hasta el límite con Catalunya porque ha sido incapaz de entregar los estudios de impacto ambiental de los tramos que corresponde ejecutar al Ministerio de Fomento, de acuerdo con el protocolo firmado en 2005. El PP de Castellón ha paralizado dos años la ejecución del desdoblamiento de la carretera N-340 entre la capital de la Plana y Oropesa por oponerse a un trazado que el propio PP aceptó en 2003. El clan de los prestidigitadores sobrepasa la sinrazón en su lucha contra la construcción de desaladoras, henchidas de virtudes antes de las elecciones generales de 2004. El Plan de Vivienda 2005-2008 del Gobierno de España, que gestiona la Generalitat de acuerdo con el convenio suscrito en diciembre de 2005 con el Ministerio de Vivienda, no avanza a mayor ritmo por puro desinterés del PP valenciano. Y aún así, el programa de 2007 del Plan de Vivienda contempla la financiación de 11.491 viviendas en la Comunitat Valenciana, y en cuatro año se habrán financiado más de 63.000, sin mencionar otras inversiones que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda en ciudades como l’Alcora, Onda, Alcoi, Elx, Alicante, Gandia y Valencia, entre ellas la rehabilitación del Mercado Central de Valencia, cofinanciada por el Ministerio. Pero quizá lo más grave es que entorpezca la aplicación en la Comunitat Valenciana de la Ley de Dependencia, e impida a miles de dependientes el acceso a las prestaciones que ha dispuesto el Gobierno.
Para el PPCV, sin embargo, es más rentable obstaculizar la inversión estatal, y a renglón seguido acusar a Zapatero de despreciar a los valencianos. El PP ha expuesto a la Generalitat al ridículo mediante aberrantes recursos de inconstitucionalidad contra determinados estatutos de autonomía, mientras que de forma paradójica se le pasaba al plazo para hacer lo propio con el Estatuto de Baleares. Y ahora el Síndic del PP en les Corts, Esteban González Pons, admite sin tapujos que el actual modelo de financiación ha repercutido de forma negativa en la Comunitat Valenciana “desde el inicio de su vigencia”, es decir, desde que lo aprobó el Gobierno de José María Aznar, sin la más mínima previsión, y con el visto bueno de Camps.Las iniciativas del PP y sus líneas argumentales constituyen un ataque a la inteligencia de los ciudadanos. Dudan de la madurez de la sociedad valenciana y le endosan florituras y mensajes aliñados tras los que sólo se esconden réditos personales y de partido, y no muestran ningún reparo en generar conflictos institucionales con otras comunidades autónomas con tal de alimentar sus artimañas y reforzar la estrategia del enemigo externo.
Puestos a sacar cuentas, sólo con las inversiones estatales que está paralizando de forma deliberada e interesada la Generalitat en la Comunitat Valenciana, se llegaría a cubrir el desfase al que apela ahora el PP mediante una proposición al más puro estilo “neocon”, tramitada de urgencia en les Corts. El PP obstaculiza los proyectos de mayor envergadura del programa AGUA, retarda autovías, dificulta la aplicación de la Ley de Dependencia, y lastra el Plan de Vivienda, sólo por citar los ejemplos más llamativos. Y lo peor es que utiliza para ello las instituciones en las que gobierna.
La Generalitat retiene inversiones estatales para la prolongación de la autovía A-7 hasta el límite con Catalunya porque ha sido incapaz de entregar los estudios de impacto ambiental de los tramos que corresponde ejecutar al Ministerio de Fomento, de acuerdo con el protocolo firmado en 2005. El PP de Castellón ha paralizado dos años la ejecución del desdoblamiento de la carretera N-340 entre la capital de la Plana y Oropesa por oponerse a un trazado que el propio PP aceptó en 2003. El clan de los prestidigitadores sobrepasa la sinrazón en su lucha contra la construcción de desaladoras, henchidas de virtudes antes de las elecciones generales de 2004. El Plan de Vivienda 2005-2008 del Gobierno de España, que gestiona la Generalitat de acuerdo con el convenio suscrito en diciembre de 2005 con el Ministerio de Vivienda, no avanza a mayor ritmo por puro desinterés del PP valenciano. Y aún así, el programa de 2007 del Plan de Vivienda contempla la financiación de 11.491 viviendas en la Comunitat Valenciana, y en cuatro año se habrán financiado más de 63.000, sin mencionar otras inversiones que lleva a cabo el Ministerio de Vivienda en ciudades como l’Alcora, Onda, Alcoi, Elx, Alicante, Gandia y Valencia, entre ellas la rehabilitación del Mercado Central de Valencia, cofinanciada por el Ministerio. Pero quizá lo más grave es que entorpezca la aplicación en la Comunitat Valenciana de la Ley de Dependencia, e impida a miles de dependientes el acceso a las prestaciones que ha dispuesto el Gobierno.
Para el PPCV, sin embargo, es más rentable obstaculizar la inversión estatal, y a renglón seguido acusar a Zapatero de despreciar a los valencianos. El PP ha expuesto a la Generalitat al ridículo mediante aberrantes recursos de inconstitucionalidad contra determinados estatutos de autonomía, mientras que de forma paradójica se le pasaba al plazo para hacer lo propio con el Estatuto de Baleares. Y ahora el Síndic del PP en les Corts, Esteban González Pons, admite sin tapujos que el actual modelo de financiación ha repercutido de forma negativa en la Comunitat Valenciana “desde el inicio de su vigencia”, es decir, desde que lo aprobó el Gobierno de José María Aznar, sin la más mínima previsión, y con el visto bueno de Camps.Las iniciativas del PP y sus líneas argumentales constituyen un ataque a la inteligencia de los ciudadanos. Dudan de la madurez de la sociedad valenciana y le endosan florituras y mensajes aliñados tras los que sólo se esconden réditos personales y de partido, y no muestran ningún reparo en generar conflictos institucionales con otras comunidades autónomas con tal de alimentar sus artimañas y reforzar la estrategia del enemigo externo.
Artículo publicado en el diario Las Provincias el 10-9-2007
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